Los peruanos tenemos derecho a tener un nombre y el deber de llevarlo pues es lo que nos identifica como ciudadanos: personas humanas únicas e irrepetibles.

En el Perú, los varones nacen sabiendo que su nombre los acompañará para siempre. Podrán tener apodos y diminutivos, en algunos casos le agregarán por mérito propio un título (Ing., Dr., Ec. Cpc), rango (capitán, general) o cargo (alcalde, ministro, presidente), pero casado, soltero, viudo o divorciado, nadie les quita o modifica el nombre.

Históricamente para la mujer casada la situación ha sido diferente pues, además de cambiar de estatus (de Srta. a Sra.), debía asumir el apellido del marido. Parece que nuestras entidades estatales, especialmente las más populares, siguen esa misma tradición de la mujer peruana: cambian de imagen, estatus y nombre.

Claramente el Congreso puede modificar la denominación de las entidades estatales, como lo acaba de hacer con la Superintendencia del Mercado de Valores antes Conasev.

Es prerrogativa de nuestras autoridades renombrar programas y proyectos, como se propone hacer con los Wawa Wasi hoy Cuna Más, Pro Joven hoy Jóvenes a la Obra, o Construyendo Perú hoy Trabaja Perú, o cambiar la identidad gráfica institucional como lo hizo hace poco Indecopi al cambiar su logotipo o la Municipalidad de Lima en que “Ciudad para todos” ha reemplazado a “Construyendo”.

¿Pero, qué significan estos cambios de nombre? ¿Qué obtenemos los ciudadanos de la inversión en nuevos carteles, papelería, pintura y diseños de una nueva identidad estatal? ¿Debe existir algún límite a estos cambios de nombre e identidad? ¿Son acaso las autoridades las propietarias de la imagen de una entidad estatal?

Hay entidades que adquieren la condición de anclas que simbolizan tradición y continuidad, como los colegios cuyos nombres no cambian por más que cambie su fachada, su infraestructura y sus directores.

Algo parecido ocurre con nuestras Fuerzas Armadas, los poderes del Estado, la Presidencia de la República y las entidades más consolidadas, cuyo nombre es ya difícil de modificar pues pasan a ser parte de un patrimonio común de todos nosotros. Otras entidades están en ese proceso de consolidación como Reniec, Sunat, etc.

¿Cambio de nombre o revitalización institucional? Como ciudadanos debemos asegurarnos de que no sea un mero cambio gráfico sino que se traduzca en un mejor servicio. Ello se logra con metas concretas y eso sí podemos y debemos demandar de nuestras autoridades.

1 Comentarios

27.08.11

Muy cierto lo que dice. Debe controlarse cuando y porqué hacer el cambio de nombre en una entidad, pues supone gastos muy onerosos que asumen los contribuyentes. Si se mantiene la esencia de la entidad no hay necesidad de ponerle otro nombre.
Igualmente, ¿Por qué cuando hay cambio de alcalde, el que asume pone su nombre hasta en el uniforme de los barrenderos, tachos y camiones recolectores de basura? Todo eso implica nuevas compras, nuevos gastos. ¿Es necesario poner quién es el alcalde en las espaldas de los barrenderos?
Las autoridades deben controlar el gasto inútil.

Publicado por: carisma21

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