¿Cambio de nombre?

Los peruanos tenemos derecho a tener un nombre y el deber de llevarlo pues es lo que nos identifica como ciudadanos: personas humanas únicas e irrepetibles.

En el Perú, los varones nacen sabiendo que su nombre los acompañará para siempre. Podrán tener apodos y diminutivos, en algunos casos le agregarán por mérito propio un título (Ing., Dr., Ec. Cpc), rango (capitán, general) o cargo (alcalde, ministro, presidente), pero casado, soltero, viudo o divorciado, nadie les quita o modifica el nombre.

Históricamente para la mujer casada la situación ha sido diferente pues, además de cambiar de estatus (de Srta. a Sra.), debía asumir el apellido del marido. Parece que nuestras entidades estatales, especialmente las más populares, siguen esa misma tradición de la mujer peruana: cambian de imagen, estatus y nombre.

Claramente el Congreso puede modificar la denominación de las entidades estatales, como lo acaba de hacer con la Superintendencia del Mercado de Valores antes Conasev.

Es prerrogativa de nuestras autoridades renombrar programas y proyectos, como se propone hacer con los Wawa Wasi hoy Cuna Más, Pro Joven hoy Jóvenes a la Obra, o Construyendo Perú hoy Trabaja Perú, o cambiar la identidad gráfica institucional como lo hizo hace poco Indecopi al cambiar su logotipo o la Municipalidad de Lima en que “Ciudad para todos” ha reemplazado a “Construyendo”.

¿Pero, qué significan estos cambios de nombre? ¿Qué obtenemos los ciudadanos de la inversión en nuevos carteles, papelería, pintura y diseños de una nueva identidad estatal? ¿Debe existir algún límite a estos cambios de nombre e identidad? ¿Son acaso las autoridades las propietarias de la imagen de una entidad estatal?

Hay entidades que adquieren la condición de anclas que simbolizan tradición y continuidad, como los colegios cuyos nombres no cambian por más que cambie su fachada, su infraestructura y sus directores.

Algo parecido ocurre con nuestras Fuerzas Armadas, los poderes del Estado, la Presidencia de la República y las entidades más consolidadas, cuyo nombre es ya difícil de modificar pues pasan a ser parte de un patrimonio común de todos nosotros. Otras entidades están en ese proceso de consolidación como Reniec, Sunat, etc.

¿Cambio de nombre o revitalización institucional? Como ciudadanos debemos asegurarnos de que no sea un mero cambio gráfico sino que se traduzca en un mejor servicio. Ello se logra con metas concretas y eso sí podemos y debemos demandar de nuestras autoridades.

¿Nuevo rol de las fuerzas del orden?

Además de la discusión sobre la Constitución del 79, la actividad empresarial del Estado y el ministerio de la inclusión, la propuesta presidencial de redefinir la relación entre el Estado y el mercado pasa por un eje adicional que es necesario analizar: el papel de las fuerzas del orden en esa redefinición.

Según las últimas encuestas, los principales problemas del país –inseguridad ciudadana y corrupción– están íntimamente vinculados a la criminalidad. El presidente Humala, honrando su tradición militar, se ha comprometido a liderar la lucha contra estos flagelos, poniéndose al frente del Consejo Nacional de Seguridad, asumiendo compromisos contra la corrupción. Como país necesitamos fuerzas del orden que nos brinden seguridad interna y externa. Peruanas y peruanos que honren con sus actos el uniforme que visten y sean ejemplo de servicio a la sociedad, respeto a las personas, integridad y, sobre todo, obediencia a nuestra Carta Magna.

Hago votos porque tenga éxito en esa tarea que apoyo, pues, sus logros nos aportarán la tranquilidad que como sociedad necesitamos. Y qué mejor que un presidente democráticamente elegido y orgulloso de su formación castrense para lograrlo.

Dentro de las medidas propuestas hay varias referidas a las FF.AA. que ameritarían ser analizadas en el marco de esta redefinición de la relación Estado-mercado. Además de invertir en el soldado y recuperar la moral de las FF.AA., objetivos loables y necesarios para la vida pacífica en sociedad, se propone reformular el sistema remunerativo de las FF.AA. y policiales. En materia aeronáutica, se propone crear una línea de bandera y construir más aeropuertos. En el sector naval, se propone reconstruir una marina mercante, repotenciar Enapu y la industria naval y metalmecánica de la Marina (SIMA). A su vez los batallones de ingeniería del Ejército se encargarán de la reconstrucción de Pisco y se creará un instituto tecnológico de las FF.AA. para capacitar a quienes egresan del servicio militar.

Es fundamental analizar estas propuestas y explicitar cómo se planea implementarlas para entender si es la mejor manera de lograr los objetivos planteados.

Tocaría preguntarnos: ¿Cuál es la misión de nuestras fuerzas del orden en democracia? ¿Les compete la promoción del mercado y gestionar empresas o es su rol más bien quebrar y eliminar los mecanismos que promueven el mercado negro del narcotráfico, del terrorismo y la delincuencia organizada?

Para consolidar nuestra convivencia pacifica en democracia haríamos bien en gestionar respuestas compartidas.