“No ha cumplido sus promesas aquí en Talara”, denunciaba una señora por la radio el lunes. “Mi cotidianidad no ha mejorado en estos 100 días del gobierno del presidente Humala”, decía un profesional. Claro, si no ganas el sueldo mínimo, si no eres indígena, ni adulto mayor en un distrito de extrema pobreza, la creación del nuevo ministerio (Midis), Pensión 65 y Beca 18 no te benefician en nada, porque “en nuestro nivel, lo importante era que nada cambiara”, opinó otro profesional. ¿Es así? ¿Nada ha cambiado en estos 100 días?
Para comenzar, en materia de prensa, hemos transitado de la locuacidad casi omnipresente del presidente García y el silencio deliberado y persistente del alcalde Castañeda, a un estilo que, según las encuestas, parece sintonizar mejor con el peruano de hoy. ¿El actual estilo de comunicación presidencial busca establecer una diferencia con el pasado? ¿Marca la pauta de cómo se manejarán las relaciones con la prensa desde Palacio? ¿Obedece a la personalidad del mandatario o es fruto de un eficaz márketing político?
Desde el punto de vista de la inclusión social, lo relevante es preguntarse si se está inaugurando una nueva manera de comunicación con la ciudadanía que también hará suya esta noción de inclusión. Es decir, si más allá de un nuevo estilo presidencial se trata más bien de un nuevo estilo de gestión gubernamental en que la rendición de cuentas periódica, tanto televisiva como a través de una breve memoria escrita, se convierte en una práctica de las distintas entidades estatales, que regularmente socializan los avances de su gestión con sus diferentes grupos de interés, buscando un acercamiento diferente, real y más cotidiano con la gente. De ser ese el caso, el gobierno actual estaría dotando de contenido a un derecho ciudadano, que con el tiempo haría más participativa nuestra democracia, pues nada es más inclusivo que saber que tu voz es tomada en cuenta y que las autoridades se preocupan por corresponder a la confianza depositada en ellas.
Si este estilo se transmite al aparato estatal y se consolida la cultura de rendición de cuentas, presenciaríamos una verdadera revolución democrática. Por el contrario, si no se pretende levantar la valla en materia de rendición de cuentas, quizás estemos transitando hacia un presidencialismo que hace de la democracia directa su lema de campaña.
“Solo soy un guía oficial de montaña que cumple con su trabajo”, contestó Eloy Cacya cuando le preguntaron si era el héroe que encontró a Ciro Castillo Rojo. Él no se considera héroe, solo una buena persona, que no quería que le pase eso a sus hijos.
Al padre de Ciro le tomó siete meses de paciente perseverancia, dejar su trabajo y saber moverse mediáticamente para mantener vigente la presencia del Estado en su búsqueda en las entrañas del Colca hasta que pudo decir “cumplí mi promesa, regreso a casa con mi hijo”. Hoy se habla de él como un héroe.
Tanto Eloy Cacya como Ciro Castillo Rojo Salas nos han demostrado una conducta ejemplar. Son referentes de perseverancia, generosidad y fidelidad en el cumplimiento de lo prometido. ¿Pero son héroes? La cobertura mediática parece recordarnos que, cada vez más, en nuestro medio resulta poco usual encontrarnos con personas de la talla de Cacya y Castillo Rojo.
No es para menos. Según el Latinobarómetro 2011 publicado el viernes, solo 17% de los peruanos es consciente de sus obligaciones y deberes, uno de cada tres peruanos indica que exige sus derechos (38%) y estamos últimos en América Latina en lo que a cumplimiento de la ley se refiere. Además, 64% considera que los ricos son quienes menos cumplen la ley.
Cada vez que un padre le dice a su hijo “eso lo hacemos después” y ese después nunca llega, sembramos el germen de la desconfianza en la palabra empeñada. El niño que ve que toda su dedicación y afán de superación no son valorados aprende que de nada sirve esforzarse para salir adelante. Cada vez que nos comprometemos a algo y no cumplimos, enseñamos que nuestras promesas se las lleva el viento. Y cuando reclamamos por un servicio defectuoso y nos pelotean de un lado al otro sin solución, interiorizamos que el consumidor no tiene derechos o que nuestros derechos no significan nada.
Muchas veces olvidamos que en el día a día podemos hacer la diferencia y que nos toca a todos nosotros cultivar las virtudes de las que los personajes del Colca han hecho gala. Se han hecho famosos por acciones ‘pequeñas’ que trascienden y son valorados en el imaginario colectivo. Son los héroes que tanto necesitamos, pues nos animan a ver que de esos actos también estamos hechos los peruanos.
Salía feliz de haberse comprado un café latte, cuando al cruzar la pista se le cae el envase al suelo. Cuál sería su sorpresa cuando, al regresar a comprar otro, el vendedor rellena el envase y no le quiere cobrar. “¿Pero si se me cayó en la calle?”, atinó a decir, no queriendo beneficiarse indebidamente. “Nosotros no vendemos café”, fue la respuesta, “en Starbucks vendemos una experiencia”. ¡Y qué grata! Tanto así que la compartió con familiares y amigos.
Además, un estilista sabe que no corta el cabello sino que vende belleza y la casera tiene claro que no vende frutas y verduras sino confianza. La confianza de saber que estás comprando algo fresco, al peso correcto, de quien te da yapa y hasta te fía. Esa confianza hace muchas veces que uno esté dispuesto a pagar más, desplazarse hasta donde la casera o a esperarla si no tiene lo que buscamos. Y ella, como Starbucks y el estilista, invierte, cuida y valora esa confianza.
Andahuasi, las renuncias en el Ministerio de Cultura, los incidentes en el Congreso indicarían que esa noción de servicio muchas veces se desconoce en nuestro sector público. Quizás conscientes del poder que creen tener o del monopolio que ostentan, muchos de nuestros funcionarios públicos olvidan que venden confianza. Entenderlo significa, como en el caso del Starbucks, “ver” más allá del café para entender, apreciar e interiorizar el valor que tiene para el otro lo que uno hace. Y el Estado Peruano hace mucho, ¡y puede hacer mucho más!
Así, las oficinas de registro de propiedades no deben limitarse a inscribir inmuebles y marcas, sino otorgar valor a la inversión inmobiliaria y a la creación intelectual, y como tales deben velar por eliminar toda barrera que afecte ese valor. Los juzgados civiles no se limitan a resolver pleitos, sino que deben garantizar que se cumpla la palabra empeñada, buscando que cada vez menos peruanos quieran ganarse “un alguito” litigando. Los municipios no emiten licencias sino que deben cuidar la calidad de vida en el distrito. La Sunat no se aboca a cobrar impuestos, sino que debe facilitar la solidaridad y la inclusión social, debiendo promover y facilitar todo tipo de trabajo gratuito (pro bono).
En suma, el poder del Estado está para servir, no para servirse de él. Harían, pues, bien nuestros funcionarios públicos en interiorizar que son vendedores de confianza.
¿Se imaginaría al árbitro del partido con Paraguay disponiendo que Markarián no pueda convocar a Farfán, Guerrero y Pizarro por considerar que con ellos estaríamos en una posición muy ventajosa? ¿O a los organizadores de los Panamericanos en Guadalajara indicándole al entrenador de nuestra selección de vóley que sería mejor que convoque a chicas más jóvenes, pues el equipo está ya muy ‘grande’? Durante el partido, el árbitro puede cobrar todas las infracciones al reglamento que considere, así como determinar los tiempos extra y hasta suspender a un jugador, pero no puede de antemano indicarle a un entrenador cómo conformar su equipo, a quién convocar o a quién dejar en la banca.
Claramente, un árbitro limita la libertad de los equipos pero no controla su estructura ni su estrategia de juego: solo supervisa su conducta. Y, para ello, tiene que ser tan ágil como los mejores jugadores, estar dispuesto a observar lo que ocurre y ser firme en sus decisiones. La línea es clara: en la cancha, los equipos compiten buscando ser el mejor y le toca al árbitro cuidar que se cumplan las reglas de juego preestablecidas. Todo lo que ocurre antes es parte de la fórmula del éxito de cada equipo.
Algo parecido ocurre en el mercado, donde los productores compiten por conquistar las preferencias de los consumidores ante la mirada atenta de la autoridad, que vela por que se cumpla la ley. Como en los deportes, la regla general es una de absoluta libertad de estrategia y estructura, por la cual la autoridad sanciona las conductas infractoras y, solo por excepción, cuando la vida, la salud o bienes públicos están en juego, efectúa un control previo. Tal es el caso, por ejemplo, de la autorización previa de venta de medicamentos, creación de un banco o uso del espacio radioeléctrico, supuestos –cada uno de ellos– altamente especializados que requieren de competencia técnica por parte de la autoridad.
Se ha comenzado a hablar de controlar las fusiones empresariales, lo cual busca modificar nuestra legislación para requerir que, antes de cualquier adquisición de empresas, esta sea autorizada por el Estado. Eso sería contraproducente. Además de los costos que el sistema acarrea, donde solo ganamos los abogados, la experiencia empírica latinoamericana evidencia el uso político de esta herramienta. Y no existiría un trabajo académico concluyente acerca de los beneficios de tales controles. Para dinamizar el mercado, sería mejor concentrarnos en eliminar barreras burocráticas innecesarias.
La muerte de Steve Jobs ha puesto en perspectiva el poder creativo del ser humano. Sin Steve Jobs no tendríamos iTunes, iPad, iPhone ni Apple sería lo que es hoy. Pero ese éxito tampoco hubiera sido posible sin el mercado y sin el Estado. Sin un sistema de protección efectiva de la creatividad, que permita que un genio como Jobs pueda apropiarse de su creación y que les dé seguridad a quienes se arriesgan a invertir para hacer que sus productos lleguen a millones de clientes, no nos estaríamos beneficiando de sus innovaciones.
Ideas brillantes hay y gente creativa también, especialmente en un país tan diverso como el nuestro, pero esa creatividad de la cual los peruanos hacemos gala no florece como debería. La ineficacia de nuestro aparato estatal explica en parte esta situación; sin embargo, eso está cambiando pues creatividad no es sinónimo de ley de la selva sino que requiere un Estado fuerte y eficaz que haga cumplir las reglas. En ese sentido, el caso del Instituto Nacional de Salud (INS) merece ser destacado.
¿Sabía que somos una de las principales plazas latinoamericanas para el desarrollo de nuevos medicamentos mediante investigación experimental en seres humanos? ¿Sabía que en el Perú se realizan más de 130 ensayos clínicos con seres humanos al año? Participar implica recibir un medicamento aún en fase de experimentación para probar si es efectivo y si no causa daños, pudiendo estos en algunos casos llegar a ser fatales. El rol del Estado en esto es vital ya que el incumplimiento de los principios éticos en investigación y la ausencia de buenas prácticas clínicas afectan la salud y los derechos de los participantes. El INS no solo ha fortalecido las acciones de fiscalización de los ensayos clínicos, lo que mereció el Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2011, sino que es una de las pocas entidades estatales que publica una revista de investigación indexada en el ámbito internacional.
La evaluación, registro y supervisión de las actividades de investigación, además de la necesaria difusión, es un rol indelegable del Estado no solo en temas de salud sino agrarios, marinos, mineros, nucleares, pesqueros, de recursos naturales o aeroespaciales. Harían bien el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, así como el Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA), Instituto Tecnológico Pesquero (ITP), la Agencia Espacial del Perú (Conida), Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet), Imarpe, Inrena, IPEN y demás entidades del sistema nacional de ciencia y tecnología en hacer suyas las buenas prácticas del INS para generar condiciones apropiadas para la innovación.
Padres preocupados por sus hijos suelen querer evitarles riesgos y problemas, muchas veces recurriendo a prohibirles determinada salida o actividad, convencidos de que esa es la mejor manera de cuidarlos. Prohibir es una manera de proteger, resguardar de peligros y una expresión de cariño paternal, olvidando muchas veces que en la vida en sociedad un joven tiene que aprender a asumir responsabilidades, ejercer su libertad y crecer con sus errores. No hay mejor antídoto contra los riesgos que aprender a informarse bien.
En temas públicos, tenemos una tendencia a aplicar a las relaciones sociales las formas de autoridad y protección propias del padre tradicional, olvidando el valor de la información. Así, por ejemplo, pensando en proteger al pequeño inversionista en una sociedad anónima abierta, hace poco se ha modificado la legislación del mercado de valores, haciendo a los gerentes y directores responsables de los daños y perjuicios que causen a la empresa las decisiones en que hubieran participado. Suena bien, ¿no? Como el padre bien intencionado, parecería que sí, pero olvida los incentivos y las consecuencias de esta ‘protección’. Para comenzar, se imputa responsabilidad a los gerentes y directores aún cuando estos hayan actuado con la debida diligencia y lealtad, es decir, aunque hayan hecho todo lo necesario y razonable; si el resultado de la decisión genera perjuicios a la empresa, ellos serían responsables. Con esto se desincentiva la diligencia y se encarecen los costos para la empresa que tendrá que adquirir seguros de primas costosísimos.
En el mercado, las decisiones de negocio conllevan riesgos. El talento de la gerencia y del directorio radica precisamente en su capacidad de generar procesos que les permitan gestionar los riesgos para generar valor. El estándar internacional exigible a directores y gerentes es el criterio del buen juicio de negocios (business judgement rule), según el cual lo que se espera de un directivo es una decisión informada, desinteresada (sin conflictos de interés), de buena fe (promueve el interés de la sociedad) y que no sea irracional o groseramente errada. Si se quiere proteger al inversionista, ¿no sería más eficaz que la recién creada Superintendencia del Mercado de Valores (antes Conasev) publique de manera amigable y fácilmente ubicable los incumplimientos y sanciones impuestas a cada empresa, gerente y director? ¿No daría al mercado más elementos de juicio sin encarecer el costo de operación de nuestras empresas?
El paternalismo es contraproducente. En el actual contexto internacional, cuidemos de no afectar la competitividad de nuestras empresas.
“Conoce el sector”. “Tiene experiencia en esa actividad”. Conocimiento y experiencia en el tema son los atributos que se suelen privilegiar para la designación de cargos públicos, olvidando que la idoneidad no es solo un tema de ‘know how’ y ‘know who’, sino de valores. Puede ser que uno conozca a cabalidad lo que pasa en un sector por tener intereses económicos en juego, pero precisamente esos intereses particulares son los que no hacen a la persona idónea para el encargo.
En una democracia, el funcionario que asume un cargo de autoridad se compromete a velar por el bien común, es decir, de todos nosotros, y no por intereses particulares. El ejercicio de la función pública debe precisamente realizarse pensando en los demás antes que en sí mismo. Por eso, la ley sanciona la politización o aprovechamiento del cargo, que no es otra cosa que el incumplimiento de esa promesa de lealtad que hace la autoridad al asumir el encargo.
Como sociedad no hemos desarrollado aún ni la convicción ni un sistema que nos garantice evitar conflictos de interés. Por eso, hace bien el Congreso en modificar su reglamento interno para evitar que los congresistas deliberen sobre normas en las que tengan conflicto. Pero la raíz del problema es anterior y no se resuelve solo con leyes.
Para comenzar, el JNE debería promover una mejor manera de facilitarle al votante toda la información pública existente sobre los candidatos, como lo trató de hacer con Infogob y Voto Informado. Para lograrlo –y aquí radica la clave– debe promover lo que Obama ha denominado “gobierno abierto”. Es decir, fomentar que los medios de comunicación y la sociedad civil puedan crear aplicativos que faciliten la búsqueda, comparación y generación de valor agregado a esa data. A su vez, es responsabilidad de los partidos y bancadas publicar información oportuna sobre la trayectoria y actividades de sus miembros, a la par de cuidar que estos no incurran en conflictos de interés. Y cada congresista debe brindar oportunamente toda la información que deba conocer el público sobre su trayectoria.
En materia de ética pública, no bastan las normas sino que debemos guiarnos por un principio mayor que garantice la convivencia en sociedad: la preocupación por los demás. Aunque algunos aún crean que la función pública es licencia para robar, como ciudadanos nos toca exigir la lealtad que nos deben y a la que se comprometieron.
Hace un siglo, la aspiradora Hoover revolucionó la limpieza del hogar. Pero para Romi Haan esto no era suficiente pues, por tradición en Corea, además de aspirar, tenía que trapear y ello suponía arrodillarse para hacerlo bien. Cansada de esta diaria labor, a sus 35 años, ideó la limpieza a vapor. Ningún fabricante de electrodomésticos contempló su innovación, diciéndole :“¿Para qué hacerlo a vapor si ya existe la aspiradora?”.
Como buena emprendedora abocada a solucionar un problema, con el apoyo de su esposo, hipotecó su casa, la de sus padres y suegros y, una década después, su empresa factura más de 100 millones de dólares anuales y lidera la industria de tecnología de limpieza a vapor. Como ella misma comenta, “en Corea la limpieza del hogar es una tarea de las mujeres y ninguno de ellos había experimentado lo que suponía esa labor”.
Romi acaba de incursionar con éxito en el competitivo negocio de productos de belleza. Distinguida, pausada y de mirada amable, comparte dos aspectos claves de su filosofía empresarial. “La hora de pensar”, un espacio todos los viernes en que sus empleados se dedican a pensar cómo mejorar sus productos y lo que hacen. Y diseñar productos que resuelvan problemas, pensados desde y para las mujeres.
La mujer como consumidora representa el segmento de mayor crecimiento en el mundo, más del doble de China e India juntos. Un estudio del Boston Consulting Group concluye que las mujeres controlarán US$15 billones del gasto global en el 2014 y serán responsables de dos tercios de los gastos de consumo mundial el 2028.
En un discurso histórico, en la reunión de APEC en San Francisco, Hillary Clinton destacó el viernes pasado los beneficios económicos del rol de la mujer en la empresa. Citando un informe de Goldman Sachs indicó que el PBI de Estados Unidos crecería un 9% si se eliminasen las barreras a la participación de la mujer en el trabajo, y a su vez las economías europeas podrían crecer en hasta 13% y Japón hasta 16%. En los albores del siglo XXI, el mundo –según Clinton – está entrando en la “era de la participación”. La historia de Romi Haan, como la de nuestra arequipeña Ana María Choquehuanca, la chiclayana María Isabel Espinal, la bióloga Ysabel Montoya, la joven Luz María Janampa o las gerentas Maricarmen Fedalto, Rosa Asca y Lieneke Schol, entre tantas otras peruanas, grafica el aporte del emprendimiento femenino que, como país, debemos fomentar.
“No importa lo que yo piense, sino que usted esté convencida”, me enseñó el doctor Manuel de la Puente y Lavalle, cuando en quinto ciclo volví a recurrir a él con un tema jurídico en el que los argumentos que él y el resto de autores me daban no llegaban a persuadirme.
Así, con el apoyo del doctor Jorge Avendaño, me embarqué en mi tesis orientada a discrepar precisamente con ambos maestros, quienes me animaron a investigar, a no claudicar en mi propia opinión, a debatir y estar abierta a escuchar otras perspectivas.
Ambos, como autoridades académicas en sus materias, me enseñaron que en la universidad son las ideas y su fundamentación lo que hace la diferencia con independencia de si uno es alumno, profesor o autoridad. La prevalencia del qué y del cómo antes que del mensajero.
Me formaron en libertad, como lo sigue haciendo la facultad hasta ahora. Y es que Derecho hace gala de ofrecer todas las tendencias y enfoques. Cada ciclo, los alumnos escogen con qué profesor aprender. Así, pueden llevar derecho laboral con un profesor que asesora empresas o con uno que asesora sindicatos, tributario con uno pro empresa o pro Estado, regulación y competencia pro mercado o pro Estado, y cursos con o sin enfoque de análisis económico del Derecho. Lo mismo ocurre en penal, constitucional, familia y procesal, permitiéndoles a los alumnos muchas veces tomar un curso general con un tipo de profesor, el curso especial con otro y habiendo conocido ambos enfoques optar por un curso electivo de su preferencia.
La diversidad no solo caracteriza las cátedras sino la vida universitaria misma. El activismo estudiantil en Derecho es notable. La universidad promueve todo tipo de actividad estudiantil, sea a través de su participación en la activa política universitaria, iniciativas de apoyo social o en las revistas de Derecho.
El campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú es un espacio de encuentro, revaloración y testimonio vivo de nuestra diversidad, donde aprendemos a valorar nuestra libertad.
Hoy, que se celebra el Día Mundial de la Democracia, reflexionaba que formar ciudadanos con criterio propio, respetuosos del derecho de los demás, comprometidos con el bien común, capaces de debatir sus opiniones y ejercer sus derechos es uno de nuestros desafíos como sociedad.
Hoy más que nunca la Pontificia Universidad Católica del Perú está haciendo lo que corresponde al respecto: formar en libertad.
Las cifras nos ayudan a tomar decisiones. El diabético puede saber cuánta insulina ponerse, la madre cuánta Antalgina darle al hijo con fiebre, el empresario a cuánto vender su producto y el gobernante qué medidas tomar para que la economía crezca.
Pero a veces las cifras nos alejan y nos impiden conocer la realidad humana detrás de ellas. Así, por ejemplo, una cosa es saber que el calentamiento global está afectando nuestra subsistencia, otra muy diferente es ver al oso polar sobre un islote de hielo que se derrite en medio del océano, imagen que nos acerca a esa realidad.
Algo parecido nos sucede, muchas veces, con la pobreza y desigualdad en nuestra sociedad. Si bien no hay nada más concreto que las cifras para saber cómo nos va, nada es más real que la vivencia personal para experimentar nuestra realidad.
La idea del Congreso descentralizado, que se celebra hoy en Ica, hace suya la necesidad del acercamiento de nuestros congresistas a la realidad iqueña, pues no se puede legislar sobre lo que no se conoce.
Una sesión pública en Pisco y 43 audiencias descentralizadas son mecanismos para que nuestros congresistas escuchen y se familiaricen directamente con las necesidades de la población, a la vez de posicionar un nuevo estilo de gestión congresal.
Claramente, la cercanía permite entender, priorizar y decidir mejor; sin embargo, esta acción del Congreso nos plantea varios desafíos.
Para comenzar, ¿se traducirá este acercamiento en mayor satisfacción de las necesidades de esta región? ¿Qué ha fallado en nuestro sistema político para tener que recurrir al desplazamiento del Congreso en pleno? ¿Harán lo mismo en las otras 24 regiones? ¿Cuánto nos costarán estos desplazamientos? ¿Es esta la manera más eficaz de aprehender la realidad de cada región?
Como cualquier otra dependencia estatal, nuestros congresistas tienen diversos mecanismos para oír a la población.
De manera directa, escuchando a los ciudadanos que los contactan, en persona, por escrito o por las redes sociales; saliendo a visitar y oír a la gente, a través de audiencias públicas, o de manera indirecta a través de la prensa, las encuestas, investigaciones y estudios. Y el Congreso, a diferencia del Poder Ejecutivo, tiene representantes elegidos directamente por cada región del país para que precisamente “sus” necesidades tengan voz en el pleno.
Existiendo representación regional y vías más costo-eficientes para oír a la población, ¿no mereceríamos una mejor justificación para el costo de la sesión de hoy?

Es Directora Ejecutiva de CAD Ciudadanos al Día desde el 2002. Fundó esta organización con el objetivo de mejorar la relación entre el Estado y los ciudadanos. Desde CAD ha creado referentes de gestión pública, entre los que destacan el Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública, que identifica y reconoce experiencias estatales exitosas y a los funcionarios públicos que las hacen posibles; el RankinCAD, herramienta de evaluación que mide la satisfacción ciudadana respecto de la atención en las entidades públicas, y diversas investigaciones sobre temas de presupuesto y transparencia fiscal. Es catedrática de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú donde dicta el curso de Ética para Abogados, en la Universidad del Pacífico donde enseña Estado y Gobernabilidad y en el Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como Directora del Banco Central de Reserva. Fue Presidenta de Indecopi (1995 - 2000) y de PromPerú (1996 - 2000), así como Jefa del Gabinete de Asesores del Ministro de Economía y Finanzas (2001).